El camino de las Piedras Bermejas, Baños de la Encina (Jaén): una incógnita cartográfica y parcelaria, 3

El complejo de la Alcubilla

Abrigado por el hechizo que rezuma la umbría de la Alcubilla, podremos apreciar y disfrutar de uno de esos ‘paisajes culturales’ que dan sensación de eterna placidez, aun cuando no esté protegido bajo esta caracterización administrativa. En conjunto, se trata de un complejo hídrico integrado por pozo, donde se recogía el agua para abrevadero de bestias, y alcubilla o fuente para consumo humano, en realidad un pozo protegido por una casilla superior o ‘alacena’ de agua a modo de aljibe abierto por el frente. Tanto el uno como la otra cuentan con rebosaderos y sus correspondientes canales de evacuación de aguas, elaborados con mortero de cal de enorme calidad constructiva. Estos derivaban el líquido sobrante a unos lavaderos naturales instrumentalizados en unos pizarrones, por debajo y junto al lecho del arroyo. Por encima nuestra, derramándose por la ladera, emerge el huerto Miguelico, prototipo del huerto en barranco que predomina en la dehesa Santo Cristo por la que caminamos.

Lámina 8: Complejo de la Alcubilla. En el centro de la fotografía, pozo (entre zarzas), alcubilla y fuente rebosadero (más moderna); en la parte superior, huerto Miguelico

Distribuido en terrazas que se sustentaban en laboriosos bancales, levantados con la técnica de la piedra seca o a hueso, sus paredes luchaban por sujetar la vida vegetal a la pendiente del cerro mientras suministraban un mínimo y mísero sustento a la precaria economía familiar. En líneas generales, el paisaje, como conjunto, se arma como un singular ingenio hídrico que, como si se tratara de un endemismo cultural, parece atado a otro tiempo y a otros usos. Sin embargo, su origen no es tan ancestral como podríamos desprender de su engañosa sencillez. La segunda mitad del siglo XIX fue difícil para los vecinos de Baños de la Encina, pues, tras aplicar las medidas impuestas por la desamortización civil de Madoz (1855), se vieron obligados a abandonar las tierras del Común que venían roturando desde tiempo inmemorial. Como respuesta y queriendo evitar una hambruna generalizada, la vecindad tomó por las bravas diferentes parcelas del interior de la dehesa del Santo Cristo, la más cercana al núcleo de población, pero también de otras aledañas, caso de Corrales, Los Llanos, Garbancillares, Marquihuelo, Atalaya, Doña Eva, Cuesta del Gatillo y La Parrilla.

Las tierras, sustentadas en una geología pizarrosa, ofrecían una rentabilidad escasa, pero los colonos, conocedores del terreno, pusieron en práctica una estrategia que, sin proporcionarles frutos abundantes, les permitió el sustento necesario para seguir con una vida llena de carencias. La intervención consistió en aterrazar la caída de los barrancos mediante bancales de piedra seca, sobre todo aquellos que presentaban un mínimo hilo de agua, como este de Miguelico o los del Tío Feo, el Lobo o la Bizca. El huerto resultante, en barranco y con una fuerte pendiente, se complementaba con una porción de tierra de secano destinada a grano, legumbres y aprovechamiento de los rastrojos, predio que era conocido bajo el apelativo genérico de quiñón. Como era de esperar, los nuevos propietarios de las fincas madres, que las habían adquirido en libre subasta, reclamaron ante las autoridades, en este caso la Diputación Provincial. Esta, responsable con sus obligaciones, pero forzada a evitar una posible revuelta social, fue parcheando las soluciones que gestaron el paisaje que hoy apreciamos mientras daba legalidad a las roturaciones arbitrarias de la vecindad. Un primer Decreto Real, de 29 de agosto de 1893, reconoció la titularidad de los colonos siempre que se pudiera justificar que el terreno estaba destinado a uso agrario y se demostrara la antigüedad de la ocupación, que en este caso era de un mínimo de 10 años. Por otra parte, se limitaba la extensión máxima de la parcela a 10 hectáreas y el título de propiedad se conseguía tras pagar a la Administración de Hacienda un 60% de su tasación, es decir un 6% anual en un plazo de diez años. Un segundo Decreto Real, de 25 de junio de 1897, ante la generalización de los impagos, vino a suavizar las medidas propuestas reduciendo el abono al 40% y permitiendo parcelas de mayor calado, que ahora podrían superar las 10 hectáreas. En total se legalizaron unas 300 hectáreas.