En días de poco o nada que hacer, de andar
mano sobre mano, perdías el rato entre amigos y conocidos sentado en los
escalones de la Cruz de las Azucenas, dejando pasar la mañana. De entonces,
recuerdo conversaciones vacías, de no llegar a ningún término, donde lo mismo
negociabas la venta del Salcedo que arrendabas los pastos de los Alarcones. Para
el lector ajeno a estas cuestiones, hay que aclarar que se trata de una enorme
finca de olivar, la primera, y serrana con buenos herbajes de invierno, la
segunda. Entiendo que no es necesario argumentar que el tratante no tenía parte
ni propiedad alguna y el comprador andaba con menos perras que la Crista. Pero
bueno, era cosa de disparatar y perder el tiempo. Y todo esto viene al caso
porque habiendo latifundios en territorio bañusco, su origen y génesis nada
tiene que ver con las enormes heredades de la Baja Andalucía, que se
configuraron durante la baja Edad Media como propiedades feudales, tras la mal
llamada ‘Reconquista’. Pues, ¿qué pueblo no fue conquistador y llegó dando
mamporros a diestra y siniestra? Así llegaron los hunos y los otros, véase
esteparios y godos, pero también aquellos venidos de las muchas orillas del
Mare Nostrum: anatolios, fenicios, griegos, púnicos, romanos, bizantinos,
árabes y beréberes. ¿Quién no conquistó?
Si la parcelación latifundista de las
campiñas del Guadalquivir fue un proceso feudal promovido fundamentalmente por
Fernando III y Alfonso X, en término bañusco la formación de haciendas de enorme
tamaño fue por raíles bien distintos. El proceso serrano se produjo en una
etapa mucho más tardía, en los primeros tiempos de la Edad Contemporánea,
favorecido por las diversas desamortizaciones borbónicas.
El caso bañusco tuvo como escenario la
desamortización civil de Madoz (1854), aunque tuvo un precedente de cierta
envergadura y carácter eclesiástico durante el reinado de Carlos IV. La venta
de los bienes de la iglesia, amparada en los reales decretos de septiembre de
1789, permitió un verdadero expolio de las posesiones locales, principalmente
las rentas de la fábrica de la parroquial. Según parece, como nos apunta
Richard Herr (1991), sin la oposición del clero local que también se benefició
de la hemorragia patrimonial; ‘(…) Por el contrario, algunos de ellos se
hicieron con gran parte de las tierras puestas en venta, a las que podían sacar
provecho y luego legar a sus herederos de este mundo. Tratándose de bienes temporales,
la sangre era más fuerte que el alma’. Pues en este estado de la cuestión,
Joseph Pérez Caballero, residente en Madrid y miembro del Real Consejo de
Hacienda, como se puede desprender con información detallada de las diferentes
subastas de tierras debido a su cargo, fue el principal beneficiario de la
usurpación eclesiástica bañusca. Para ello utilizó un agente local, Juan Josef
Villar, que fue quien realmente residió en la casona de la calle Trinidad. Como
podemos observar, este personaje, junto con otros muchos acólitos de la
administración, fue el principal protagonista de este primer proceso
desamortizador en el crepúsculo de la Edad Moderna.
‘(…) En total, Pérez Caballero invirtió
430.000 reales en cuarenta y ocho olivares con 4.799 olivos, pertenecientes a
la iglesia, y 21 olivares con 2.247 olivos pertenecientes a particulares,
convirtiéndose en el primer terrateniente de Baños. Compró, asimismo, ocho
parcelas de grano, dos casas y un molino de aceite. Arrendó sus campos de grano
a dos vecinos (a los que había superado en la subasta de seis olivares), pero
es evidente que explotaba directamente los olivares, como hacían la mayoría de
los propietarios forasteros. Es posible que Villar fuera tanto su administrador
como su agente en las subastas’.
Pero con todo, el medio rural giennense se
desestructuró con la desamortización de Madoz, cuando paralelamente se armó la
estructura caciquil que llevó a muchos de los desencuentros sociales y
políticos de los siglos XIX y XX. En teoría, quedaban fuera del torbellino desamortizador
las tierras propiedad del común de los vecinos y aquellas donde dominaban las
diferentes variedades de querqus, ya fueran encinas o alcornoques. Ambas
situaciones eran concurrentes en la mayoría de los montes bañuscos. Pero, pese
a ello, la influencia política y económica de los licitadores doblegó la ley y
propició la venta de la casi totalidad de las tierras municipales, que
mayoritariamente acabaron en manos de especuladores con pica en la capital del reino.
Como en ningún caso se favoreció la venta
de montes fragmentados en suertes, se anuló la posibilidad de que los vecinos menos
pudientes concurrieran a las subastas. Un caso paradigmático se produjo con José
María de Palacio. Conocido político jiennense y hombre de influencia en los
círculos de poder madrileños, llegó a ser Comisario Regio de Agricultura a
mediados del siglo XIX.
Desde los primeros años cincuenta venía
mostrando interés por adquirir las dehesas de Almadenejos, Corrales, Yeguas,
Llano y Doña Eva, pese a que el ayuntamiento estaba totalmente en contra por
pertenecer las heredades al común y no ser de propios. Es decir, eran propiedad
del vecindario. Ante la férrea oposición del consistorio, la Sección de Propios
de la Diputación ordenó al alcalde, bajo amenaza de multa de 1.000 reales, que promoviera
definitivamente la venta. El ayuntamiento, por el contrario, alegaba entre otros
argumentos que la venta supondría un importante perjuicio al vecindario, que quedaría
privado de los frutos de los montes. Pues bien, finalmente el municipio sufrió la
carga de la denuncia y, bajo amenaza de procedimiento judicial, se vio obligado
a vender. En 1858 José María de Palacio adquirió la dehesa de Corrales por
75.100 reales, al año siguiente se hizo con Juan Esteban por 94.200 reales y en
1860 compró Garbancillares y Doña Eva al precio de 265.900 reales.
Un caso similar, acumulando mayor cantidad
de tierras, se dio con Antonio Cabanilles y la sociedad compuesta por los
señores Gómez y Mac Pherson, domiciliados todos en Madrid. Con este objetivo,
utilizaban intermediarios especializados que alcanzaban notables reducciones de
la tasación inicial. El primero, en dos años, 1860 y 1861, se hizo con 7.476
has, contándose entre sus nuevas posesiones las fincas de Arrebolares,
Barranquillo, Monasterios, Belmaras o Iniestares, entre otras. Por su parte, la
sociedad de Gómez y Mac Pherson adquirió siete fincas cuya suma superaba las
6.000 has en el corazón de uno de los mayores ‘caladeros’ cinegéticos de Sierra
Morena: Chuscaderos, Mariscala, Tembladeros, Navalagallina, Pascual Ibáñez,
Peñón del Toro y Las Camarenes fueron algunas de las fincas adquiridas.
Con todo, la avalancha privatizadora no produjo
en territorio bañusco situaciones socialmente críticas, que sí cuajaron en
otros ámbitos de la geografía provincial. Con toda seguridad, fueran mitigadas
por procesos muy particulares, como fue el caso de las roturaciones arbitrarias
y vecinales que se dieron en las fincas que circundaban el pueblo, cuyo ejemplo
más significativo lo tenemos en los huertos en barranco de la dehesa del Santo
Cristo. En la misma situación está el surgimiento de actividades económicas novedosas,
como fue la minería del plomo, o el nulo hermetismo de las nuevas propiedades,
que permitieron que el vecindario siguiera realizando prácticas que venían
desarrollándose desde tiempos inmemoriales, como la caza. Con el correr de los
años, las haciendas se vendieron mediante diferentes segregaciones, los usos
cambiaron en numerosas ocasiones, el paisaje mudó inmisericorde y la sierra se
vació de almas. Y aquellas maneras despóticas de proceder, ¡ay con las
maneras!, fondearon en la dársena serrana y quedaron como un lastre difícil de
salvar: lo permeable se hizo hermético e, inevitablemente, acarreó consigo un
espíritu caciquil que tuvo su mayor expresión en la clausura creciente de los
caminos públicos.
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